16 febrero 2010
El gobierno de Myanmar debe poner fin a la represión que ejerce sobre los activistas de las minorías étnicas ante las próximas elecciones nacionales y locales, ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy martes.
El informe The Repression of ethnic minority activists in Myanmar está basado en testimonios de más de 700 activistas de las siete principales minorías étnicas del país –entre ellas las rakhine, shan, kachin y chin–, que abarcan un periodo de dos años a partir de agosto de 2007.
Las autoridades han detenido, encarcelado y, en algunos casos, torturado e incluso matado a activistas de minorías étnicas. También han sometido a estos grupos a estrecha vigilancia, hostigamiento y discriminación cuando intentaban desarrollar sus actividades legítimas.
“Las minorías étnicas desempeñan una función importante, pero raras veces reconocida, en la oposición política del país –ha manifestado Benjamin Zawacki, experto de Amnistía Internacional en Myanmar–. El gobierno ha respondido a este activismo de una manera autoritaria, lo que hace temer que la represión se intensifique antes de las elecciones.”
Muchos activistas han dicho a Amnistía Internacional que sufrieron represión en el contexto de un movimiento aún mayor, como fue el surgido en los estados de Rakhine y Kachin durante la Revolución Azafrán encabezada por los monjes budistas en 2007. Los testigos de lo sucedido describieron los homicidios y la tortura de monjes y otras personas cometidos por las fuerzas de seguridad durante su represión violenta de manifestaciones pacíficas en esos estados.
Otros han explicado que se les ha perseguido por actos específicos, como organizar una campaña de recogida de firmas contra una presa en el estado de Kachin.
Se han castigado incluso expresiones relativamente simples de disidencia política, como cuando se detuvo a jóvenes karenni por botar en un río pequeñas barcas donde aparecía escrito “No" (al proyecto de Constitución de 2008).
“En Myanmar el activismo no está confinado a las regiones centrales y los centros urbanos. En todo intento de remediar el tremendamente alarmante historial del país en materia de derechos humanos se deben tener en cuenta los derechos y aspiraciones de la gran población formada por sus minorías étnicas”, ha explicado Benjamin Zawacki.
En las cárceles de Myanmar se consumen en lamentables condiciones de reclusión más de 2.100 presos políticos, muchos de ellos pertenecientes a minorías étnicas. La mayoría son presos de conciencia, recluidos por expresar pacíficamente sus creencias.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que levante las restricciones impuestas a la libertad de asociación, reunión y religión en el periodo previo a las elecciones, deje en libertad a todos los presos de conciencia de inmediato y sin condiciones y elimine las restricciones que impiden a los medios de comunicación independientes informar del proceso electoral.
La organización ha pedido a los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) vecinos de Myanmar, así como a China, su principal partidario internacional, que presionen al gobierno para que garantice que la población del país puede expresar libremente sus opiniones, celebrar reuniones pacíficas y participar abiertamente en el proceso político.
“El gobierno de Myanmar debe aprovechar la elecciones para mejorar su historial en materia de derechos humanos, no para aumentar la represión de la disidencia, especialmente de la expresada por las minorías étnicas”, ha manifestado Benjamin Zawacki.
Este año Myanmar celebrará elecciones nacionales y locales por primera vez en 20 años.
En 1990, dos años después de unas protestas contra el gobierno en las que, pese a ser en su mayoría pacíficas, resultaron muertos al menos 3.000 manifestantes, la Liga Nacional para la Democracia y una coalición de partidos de minorías étnicas obtuvieron una aplastante victoria en las elecciones nacionales.
Sin embargo, el gobierno militar hizo caso omiso de los resultados y continuó con su inveterada campaña contra la oposición política.
De los últimos 20 años, la más famosa activista de los derechos humanos de Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia, lleva más de 15 sometida a diversas formas de detención.
En 2007, monjes del estado con minoría étnica de Rakhine iniciaron una serie de manifestaciones contra la política económica y política del gobierno que se extendieron por todo el país, dando lugar a la denominada Revolución Azafrán.
En mayo de 2008, una semana después del ciclón Nargis, que devastó el país, el gobierno se empeñó en celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución. Según los resultados electores, el 99 por ciento de la población acudió a las urnas, y el 92,4 por ciento votó a favor de la nueva Constitución. Aunque está permite mayor representación en los gobiernos locales, sigue garantizando a los militares el dominio del gobierno nacional.
Las minorías étnicas constituyen entre el 35 y el 40 por ciento de la población del país y son mayoría en los siete estados con minoría étnica. Cada una de las siete principales minorías étnicas del país ha llevado a cabo insurgencias armadas contra el gobierno, algunas de las cuales continúan hasta la fecha.
Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las campañas del ejército de Myanmar contra grupos insurgentes y poblaciones civiles de minorías étnicas
El informe The Repression of ethnic minority activists in Myanmar está basado en testimonios de más de 700 activistas de las siete principales minorías étnicas del país –entre ellas las rakhine, shan, kachin y chin–, que abarcan un periodo de dos años a partir de agosto de 2007.
Las autoridades han detenido, encarcelado y, en algunos casos, torturado e incluso matado a activistas de minorías étnicas. También han sometido a estos grupos a estrecha vigilancia, hostigamiento y discriminación cuando intentaban desarrollar sus actividades legítimas.
“Las minorías étnicas desempeñan una función importante, pero raras veces reconocida, en la oposición política del país –ha manifestado Benjamin Zawacki, experto de Amnistía Internacional en Myanmar–. El gobierno ha respondido a este activismo de una manera autoritaria, lo que hace temer que la represión se intensifique antes de las elecciones.”
Muchos activistas han dicho a Amnistía Internacional que sufrieron represión en el contexto de un movimiento aún mayor, como fue el surgido en los estados de Rakhine y Kachin durante la Revolución Azafrán encabezada por los monjes budistas en 2007. Los testigos de lo sucedido describieron los homicidios y la tortura de monjes y otras personas cometidos por las fuerzas de seguridad durante su represión violenta de manifestaciones pacíficas en esos estados.
Otros han explicado que se les ha perseguido por actos específicos, como organizar una campaña de recogida de firmas contra una presa en el estado de Kachin.
Se han castigado incluso expresiones relativamente simples de disidencia política, como cuando se detuvo a jóvenes karenni por botar en un río pequeñas barcas donde aparecía escrito “No" (al proyecto de Constitución de 2008).
“En Myanmar el activismo no está confinado a las regiones centrales y los centros urbanos. En todo intento de remediar el tremendamente alarmante historial del país en materia de derechos humanos se deben tener en cuenta los derechos y aspiraciones de la gran población formada por sus minorías étnicas”, ha explicado Benjamin Zawacki.
En las cárceles de Myanmar se consumen en lamentables condiciones de reclusión más de 2.100 presos políticos, muchos de ellos pertenecientes a minorías étnicas. La mayoría son presos de conciencia, recluidos por expresar pacíficamente sus creencias.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que levante las restricciones impuestas a la libertad de asociación, reunión y religión en el periodo previo a las elecciones, deje en libertad a todos los presos de conciencia de inmediato y sin condiciones y elimine las restricciones que impiden a los medios de comunicación independientes informar del proceso electoral.
La organización ha pedido a los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) vecinos de Myanmar, así como a China, su principal partidario internacional, que presionen al gobierno para que garantice que la población del país puede expresar libremente sus opiniones, celebrar reuniones pacíficas y participar abiertamente en el proceso político.
“El gobierno de Myanmar debe aprovechar la elecciones para mejorar su historial en materia de derechos humanos, no para aumentar la represión de la disidencia, especialmente de la expresada por las minorías étnicas”, ha manifestado Benjamin Zawacki.
Este año Myanmar celebrará elecciones nacionales y locales por primera vez en 20 años.
En 1990, dos años después de unas protestas contra el gobierno en las que, pese a ser en su mayoría pacíficas, resultaron muertos al menos 3.000 manifestantes, la Liga Nacional para la Democracia y una coalición de partidos de minorías étnicas obtuvieron una aplastante victoria en las elecciones nacionales.
Sin embargo, el gobierno militar hizo caso omiso de los resultados y continuó con su inveterada campaña contra la oposición política.
De los últimos 20 años, la más famosa activista de los derechos humanos de Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia, lleva más de 15 sometida a diversas formas de detención.
En 2007, monjes del estado con minoría étnica de Rakhine iniciaron una serie de manifestaciones contra la política económica y política del gobierno que se extendieron por todo el país, dando lugar a la denominada Revolución Azafrán.
En mayo de 2008, una semana después del ciclón Nargis, que devastó el país, el gobierno se empeñó en celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución. Según los resultados electores, el 99 por ciento de la población acudió a las urnas, y el 92,4 por ciento votó a favor de la nueva Constitución. Aunque está permite mayor representación en los gobiernos locales, sigue garantizando a los militares el dominio del gobierno nacional.
Las minorías étnicas constituyen entre el 35 y el 40 por ciento de la población del país y son mayoría en los siete estados con minoría étnica. Cada una de las siete principales minorías étnicas del país ha llevado a cabo insurgencias armadas contra el gobierno, algunas de las cuales continúan hasta la fecha.
Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las campañas del ejército de Myanmar contra grupos insurgentes y poblaciones civiles de minorías étnicas
