De esta forma, el gobierno reaccionó a la explicación pedida la víspera por la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre el supuesto caso de expulsión forzada de cerca de 200 inmigrantes procedentes de la vecina Birmania (Myanmar) y Bangladesh, denunciada por activistas de grupos comprometidos con la defensa de los derechos humanos.
"Funcionarios tailandeses investigan actualmente y verifican los hechos y las circunstancias que lo rodean", señaló en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según los grupos Arakan Project y Refugiados Internacional cuatro personas murieron ahogadas y otras 300, casi todas ellas de la etnia birmana Rohingya, desaparecieron en el Mar de Andamán a finales del pasado diciembre al naufragar su embarcación lejos de la costa tras ser expulsadas de Tailandia por las fuerzas de seguridad.
De acuerdo a relatos de algunos supervivientes recogidos por los activistas, los inmigrantes fueron obligados a punta de fusil a hacerse a la mar con sólo dos bidones de agua y cuatro bolsas de arroz.
La etnia minoritaria Rohingya, integrada por unos 3 millones de personas que religión musulmana y descienden de los comerciantes árabes que llegaron hacia el siglo VII a la región de Arakan, al oeste de Birmania, es perseguida por las tropas de la Junta Militar birmana.
El jefe de la comandancia marítima del suroeste de Tailandia, vicealmirante Narong Thedbisal, negó que las fuerzas de seguridad maltrataran a los inmigrantes, y aseguró que fueron entregados a las autoridades de Inmigración.
En abril de año pasado, el entonces primer ministro tailandés, Samak Sundaravej, encomendó a la Armada y al departamento de Inmigración frenar el flujo de inmigrantes que alcanzaban en barcas las costas del sureste de Tailandia.