Existen pocos regímenes en el mundo que susciten una oposición y repulsa tan unánimes como la dictadura militar birmana. Los crímenes y graves violaciones de los derechos humanos cometidos por la Junta militar están bien documentados por abundantes informes de organizaciones humanitarias; Aung San Suu Kyi, la líder de la oposición, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, sobre todo desde que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991; son frecuentes las declaraciones de condena y el régimen está sometido a numerosos embargos y sanciones.
Ban Ki-moon y el general Than Shwe durante la reunión que mantuvieron en la capital birmana, Naypyidaw, el 3 de julio del año pasado (AP Photo/John Heilprin).
Sin embargo, a los generales birmanos no parece afectarles su impopularidad y las medidas de presión adoptadas contra ellos no han surtido ningún efecto. La Junta que gobierna actualmente el país lleva más de dos decenios en el poder y su posición se mantiene tan firme como siempre gracias a que los generales han sabido jugar sus cartas con gran astucia, a que cuentan con poderosos aliados y a que las sanciones impuestas por sus detractores han resultado ser ineficaces, en el mejor de los casos, o contraproducentes en el peor de ellos.
Los generales birmanos se han permitido incluso ridiculizar al mismísimo secretario general de la ONU. Durante su última visita al país asiático, Ban Ki-moon volvió a poner de manifiesto su falta de autoridad cuando el general Than Shwe se negó a concederle permiso para reunirse con Aung San Suu Kyi, lo que provocó un aluvión de críticas sobre el que probablemente sea el secretario general de la ONU más incompetente de la historia.
El debate sobre la eficacia de las sanciones sigue abierto. Los partidarios de las sanciones, que suelen ser los activistas por la democracia y los representantes de algunas ONG, aducen que las inversiones extranjeras reportan grandes sumas de dinero a un régimen criminal que controla casi totalmente la economía del país. Además, señalan que la mayoría de la oposición democrática birmana y el partido de Aung San Suu Kyi, al que consideran el legítimo representante del pueblo birmano, también apoyan las sanciones. Según ellos, las sanciones han resultado ineficaces hasta el momento por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque no se han planificado adecuadamente y en segundo lugar, porque sólo las han impuesto algunos países y, por tanto, no se ha conseguido aislar completamente al régimen.
Los aliados del régimen
El régimen cuenta con el apoyo, implícito o explícito, de grandes potencias como China e India (que compiten por la explotación de sus recursos) y de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que Myanmar es miembro.
China es uno de los principales socios comerciales de Birmania y su mayor proveedor de armamento. Además, es su máximo valedor en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que ha ejercido, junto con Rusia, su derecho a veto para evitar que este organismo adopte resoluciones en su contra, alegando que los asuntos internos birmanos no suponen una amenaza para la estabilidad mundial.
El año pasado China cerró un trato con el gobierno birmano para construir un gaseoducto de unos dos mil kilómetros de longitud que comunique los yacimientos de gas que se encuentran frente a la costa birmana con la provincia china de Yunnan y tiene previsto importar más de 11 millones de metros cúbicos de gas diarios a través de dicho gaseoducto, de lo que se ocupará un grupo de empresas encabezado por la surcoreana Daewoo. Se calcula que el proyecto reportará unos beneficios de unos 29 mil millones de dólares al gobierno de Myanmar en los próximos tres decenios y, para su construcción, la Junta ya ha empezado a desalojar a cientos de familias campesinas sin ningún tipo de indemnización.
Muchas de las organizaciones opositoras a la Junta birmana se encuentran en Tailandia (sobre todo en Chiang Mai y en la localidad fronteriza de Mae Sot) y algunos miembros del gobierno tailandés han criticado en alguna ocasión las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen del país vecino. Sin embargo, Tailandia es un aliado fundamental del régimen birmano. Ambos países son grandes socios comerciales, hasta el punto de que Tailandia es el mayor importador de gas birmano, que genera alrededor del 20 por ciento de la energía eléctrica que consume.
La Junta birmana ha recibido el apoyo explícito de las más altas esferas tailandesas. En 1993, cuando Aung San Suu Kyi llevaba cuatro años bajo arresto domiciliario, ocho premios Nobel (entre ellos Desmond Tutu, Oscar Arias y el Dalai Lama) viajaron a Tailandia, invitados por activistas, para expresarle su solidaridad. Tras visitar los campos de refugiados birmanos, los recibió el rey Bhumibol Adulyadej, quien, para sorpresa de todos, pronunció un discurso en el que dijo que Aung San Suu Kyi no era más que una alborotadora que debía abandonar la lucha política, volver a Inglaterra a criar a sus hijos y dejar que los militares gobernaran el país, ya que eran los más capacitados para hacerlo.
Otro de los grandes socios de Birmania es el gobierno de Singapur, cuyo holding Temasek ha realizado fuertes inversiones en diversos sectores de la economía birmana. Además, Singapur es uno de los principales proveedores de tecnología militar a Birmania y los miembros de la Junta suelen tratarse en sus modernos hospitales.
Los enemigos del régimen en la comunidad internacional
En enero de 2005, la secretaria de estado estadounidense Condoleezza Rice incluyó a Birmania en la lista de “bastiones de la tiranía”, junto a Bielorrusia, Cuba, Irán, Corea del Norte y Zimbabue. George W. Bush siempre trató de presentar a su gobierno como el principal adalid de los derechos humanos y la democracia en el país del Sudeste Asiático desde que en 2003 promulgara la “Burmese Freedom and Democracy Act”, en la cual Estados Unidos reconocía a la oposición de la Liga Nacional para la Democracia (LND) como la “representante legítima del pueblo birmano”.
Durante ese tiempo Laura Bush hizo de Birmania su cruzada personal y la administración Bush aprobó una ley tras otra para endurecer los embargos y sanciones contra la Junta y aislarla diplomáticamente. Dejando aparte la ironía que representa el que se erija en defensor de los derechos humanos uno de los gobiernos que menos los ha respetado en los últimos años, Estados Unidos no ha conseguido debilitar lo más mínimo al gobierno de Myanmar.
Las sanciones de Estados Unidos a la Junta comenzaron en 1988 e incluyen una amplia gama de medidas, que van desde la prohibición de importar productos birmanos hasta un embargo armamentístico. Sin embargo, la mayoría de sanciones no han hecho mella en el gobierno, pero sí en la población. Por ejemplo, hace unos años las sanciones se centraron en el sector textil y, como consecuencia, se cerraron varias fábricas. La Junta dejó de percibir unos ingresos insignificantes, pero muchas trabajadoras se quedaron en la calle y tuvieron que recurrir a la prostitución para sobrevivir. El régimen aprovechó la situación para culpar a la oposición y a Estados Unidos y marcarse un tanto propagandístico.
El verdadero problema de las sanciones, como reconocía un informe elaborado para el Congreso hace tres años [pdf], es que no han afectado a la principal inversión estadounidense en Birmania, que es la que realmente beneficia a la Junta: la participación del 28% que posee la petrolera Chevron en el consorcio que explota el yacimiento de gas de Yadana y el gaseoducto que transporta el gas hasta Tailandia.
La posición de la Unión Europea con respecto a Birmania es muy parecida a la de Estados Unidos. Las numerosas sanciones no afectan a las actividades de la compañía francesa TOTAL en el yacimiento de Yadana, cuya participación es similar a la de Chevron. Según un informe difundido por la propia TOTAL el año pasado [pdf], sus actividades reportaron al gobierno birmano 254 millones de dólares en 2008.
Este proyecto ha sido objeto de duras críticas desde el principio. Para contrarrestarlas, TOTAL encargó en 2002 a Bernard Kouchner, el actual ministro de Asuntos Exteriores francés, que redactara un informe sobre las actividades de la compañía en Birmania. Kouchner recomendó a la petrolera que se quedara en el país asiático y cobró 25.000 euros por el informe.
Numerosas organizaciones no gubernamentales han pedido recientemente a esas empresas que hagan públicas todas las transacciones con las autoridades birmanas desde que se puso en marcha el proyecto en 1992. Según un informe de EarthRights International, el yacimiento de Yadana ha generado unos beneficios de 4.830 millones de dólares al régimen birmano y los militares han desviado del presupuesto nacional al menos 4.800.
Un embargo armamentístico total sería una de las medidas más deseables, ya que es lo único que podría afectar sólo a los militares. Pero para que fuera realmente eficaz tendrían que sumarse todos los países, y ya ha quedado demostrado que siempre hay naciones dispuestas a venderle armas a la Junta. Además de China, en los dos últimos decenios han vendido armas a Birmania países como Rusia, Pakistán, Alemania, Corea del Norte, Ucrania o Israel [pdf].
El fracaso de las sanciones
Ante el fracaso de las sanciones, cada vez son más las voces que piden una nueva estrategia de la comunidad internacional para conseguir un cambio de régimen en Birmania. Incluso la propia Aung San Suu Kyi le envió una carta el año pasado al general Than Shwe en la que se ofrecía a colaborar para estudiar la mejor manera de lograr el levantamiento de las sanciones. La carta no obtuvo ninguna respuesta.
El mayor cambio, hasta el momento, se ha producido con la llegada de Obama a la Casa Blanca. El año pasado Hillary Clinton anunció que su gobierno estaba dispuesto a hablar directamente con los generales, aunque de momento no iba a levantar las sanciones. La administración Obama ha decidido emplear una estrategia más pragmática, que incluye una mayor participación de los países de la ASEAN.
Uno de los principales detractores de las sanciones, Thant Myint-U, nieto de U-Thant, secretario general de la ONU en los años sesenta, historiador y él mismo ex alto funcionario de las Naciones Unidas, afirma que el aislamiento no hace más que beneficiar al régimen y lo único que se está consiguiendo es empujar a Birmania hacia la órbita de China.
Myint-U sostiene que la transición a la democracia ha de producirse tanto desde arriba como desde abajo, ya que es inevitable que el ejército desempeñe un papel en el futuro político del país, ya que es la única institución fuerte tras casi cincuenta años de dictadura militar, y que las tensiones entre los diferentes grupos étnicos del país (más antiguas que la propia dictadura) exigen un Estado lo bastante fuerte como para evitar que el país se suma en el caos y estalle una guerra civil. A medida que los generales que ejercen el poder envejecen y se aproxima el inevitable cambio generacional en la cúpula militar, se hace más necesario que los futuros gobernantes tengan una formación y una visión lo más abierta posible, algo imposible de lograr mientras las sanciones impidan los contactos con el exterior.
