Las mujeres, empezando por la líder pro democrática Aung San Suu Kyi, son frecuentes víctimas de la brutal dictadura de Myanmar, antigua Birmania: 178 languidecen en sus cárceles como presas de conciencia, más del triple que hace dos años.
La última reclusa en recibir condena fue Win Mya Mya, de unos 50 años, integrante del comité directivo clandestino de la opositora Liga Nacional para la Democracia (LND) en la central región de Mandalay.
El viernes, un tribunal le dictó sentencia por su participación en las protestas callejeras lideradas por miles de monjes budistas en septiembre de 2007: 12 años de cárcel. Otros cinco dirigentes de la LND de Mandalay, todos hombres, recibieron condenas de ocho a 13 años de prisión.
Se les acusa de violar las leyes que penan divulgar “mediante palabras, ya sea habladas o escritas, o por señales”, material que pueda “causar temor o alarma al público”, inducir actos “contra el Estado o contra la tranquilidad pública”, o “promover el odio entre clases”.
Las audiencias del extenso juicio transcurrieron “dentro de la prisión de Mandalay”, dijo Bo Kyi, cofundador de la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, que opera en la frontera de Tailandia con Myanmar. El tribunal también dictó sus veredictos allí, agregó.
Las autoridades resguardaron el proceso con gran secretismo, señaló Bo Kyi en entrevista telefónica. “No se permitió el ingreso de familiares de la acusada cuando se emitió el veredicto. Las autoridades no querían público”, dijo.
La fecha de la sentencia confirma cuán poco importan a la junta de Myanmar las campañas internacionales en favor de las víctimas de la represión: ese 24 de octubre se cumplían 13 años de la detención de Aung San Suu Kyi, líder del movimiento pro democrático y presidenta de la LND.
Gobiernos de Europa y el de Estados Unidos, así como organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos, llamaron a la dictadura a liberar a Suu Kyi, la presa política más conocida del país.
El actual periodo de arresto domiciliario contra la premio Nobel de la Paz en Rangún comenzó a fines de mayo de 2003.
“Al 24 de octubre de 2008, Aung San Suu Kyi ha pasado un total de 13 años bajo arresto domiciliario. Volvemos a llamar al régimen birmano a liberarla inmediata e incondicionalmente, a ella y a los más de 2 mil prisioneros políticos que tiene”, expresó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El abogado argentino Tomás Ojea Quintana, enviado de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tenía en mente a Suu Kyi y a presas políticas como Win Mya Mya cuando se dirigió la semana pasada a la Asamblea General del foro mundial.
El sistema de justicia que durante décadas ha limitado las libertades políticas y civiles de Myanmar debe ser reformado antes de las elecciones previstas para 2010, dijo el jueves Ojea Quintana a la revista The Irrawaddy, publicada en Tailandia por periodistas birmanos exiliados.
El enviado mencionó “la revisión de leyes nacionales para asegurar el cumplimiento con los derechos humanos, la liberación progresiva de todos los prisioneros de conciencia, la reforma de las fuerzas armadas y la independencia del poder judicial”.
Ojea Quintana realizó su primera visita a Myanmar en agosto. “El gobierno no me conocía… Fue difícil ingresar a la prisión”, declaró a The Irrawaddy.
De todos modos, el funcionario logró tres horas de “reuniones privadas con detenidos”, que “fueron muy abiertos” en su diálogo, agregó la publicación.
Las cárceles de Myanmar alojan a 178 presas políticas, más del triple de las 53 internadas allí en agosto de 2006.
En las protestas callejeras contra el gobierno de septiembre de 2007 “fueron detenidas más de 157 mujeres, entre ellas 10 monjas, y 19 desaparecieron”, reveló esta semana Altsean, organización regional de derechos humanos.
“Daw Ponnami, una monja de 80 años del monasterio Thitsatharaphu, parcialmente paralizada por un ataque de apoplejía, fue arrestada y apartada del sacerdocio, acusada de ‘ofender a la religión budista’, y permanece encarcelada”, añadió.
Otras monjas encarceladas en este país de mayoría budista son Htay Yi, de 70 años, y Pyinyar Theingi, de 64.
En las cárceles también residen mujeres como la defensora de sindicalistas Su Su Nway, de 37 años; la líder universitaria Nilar Thein, de 35, y la periodista Ein Khine Oo, de 24.
Los adolescentes tampoco quedan afuera. A comienzos de agosto, el régimen arrestó a Ni Ni May Myint, integrante de la LND, de 19 años, y la encadenó.
Junto a medio centenar de personas, Ni Ni se manifestó en las calles de un poblado del estado de Arakan para orar por los estudiantes fallecidos en la brutal represión contra el levantamiento pro democrático de agosto de 1988.
“Estoy preocupada por Ni Ni May Myint. Las autoridades (de la prisión) la tratarán duramente, igual que a otras activistas presas. Las mujeres sufren abusos verbales y torturas sicológica, y eso puede ser muy atemorizante”, dijo Khin Cho Myint, de 36 años, ex estudiante de la Universidad de Rangún y ex presa política.
“Hubo épocas en que se mantenía a las mujeres en aislamiento y no se les daban elementos fundamentales para su salud y su higiene. Yo lo sufrí durante los cinco años y nueve meses que estuve en prisión. Fui castigada por ser activista estudiantil”, agregó en entrevista.
Pero algunas prisioneras lo pasaron peor, según Altsean. “En agosto de 2006, Nyunt Yin falleció en la prisión de Insein, a los 60 años. Había cumplido 16 años de una cadena perpetua por su participación en el levantamiento de 1988. Se le negó tratamiento médico para sus dolencias cardiacas”, señaló la organización.
