El Gobierno australiano prorrogará las sanciones económicas que ya impone a la Junta Militar de Birmania (Myanmar) para presionar a los generales a llevar a cabo reformas democráticas.
EFE "Durante muchos años, el régimen birmano ha mostrado un profundo desprecio hacia los derechos humanos y las aspiraciones democráticas de los birmanos", explicó ante el Parlamento el ministro de Asuntos Exteriores, Stephen Smith.
Las sanciones financieras fueron impuestas en septiembre de 2007 por Camberra inmediatamente después de la violenta represión de las protestas a favor de la democracia lideradas por monjes budistas que desafiaron a la Junta Militar.
Entre ottras, las sanciones prohíben las transacciones económicas que impliquen transferencia de fondos a los generales birmanos, sus familias e individuos vinculados al régimen, sin la autorización previa del banco central australiano.
Además, el Ejecutivo australiano ha ampliado de 418 a 463 la lista de personas afectadas por las medidas, entre ellas el máximo líder del régimen birmano, general Than Shwe, afirmó Smith.
"Estas sanciones mantendrán la presión sobre la Junta Militar, pero no tienen como objetivo a los propios ciudadanos birmanos", aclaró el ministro australiano.
La oposición birmana encabezada por Aung San Suu Kyi considera un fraude el anunciado proceso de democratización iniciado por la Junta Militar, que en mayo logró aprobar una nueva Constitución en un referéndum en el que sus opositores no pudieron hacer campaña.
El régimen que detenta el poder en Birmania desde 1962 liberó hace un mes más de 9.000 prisioneros, entre ellos algunos presos políticos como el periodista Win Tin, quien llevaba 19 años encarcelado.
La amnistía se produjo pocos días antes del primer aniversario de las marchas de los bonzos, que reavivaron la presión internacional a favor de una transición a la democracia en un país que no celebra comicios democráticos desde 1990.
En aquella ocasión, la oposición encabezada por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi logró una abrumadora victoria, pero la Junta Militar todavía se resiste a reconocer el veredicto de las urnas.
