Esta semana han abandonado el ejército birmano más de veinte miembros de la Junta militar que gobierna Myanmar, entre ellos el primer ministro Thein Sein. Todos estos mandatarios, que seguirán ocupando sus cargos en el Gobierno, han renunciado a sus uniformes para presentarse como candidatos a las elecciones que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC) tiene previsto convocar este año en el país asiático como último paso para instaurar lo que él mismo ha bautizado una “democracia disciplinada”.
Las elecciones, cuya fecha aún no se ha anunciado, se celebrarán siguiendo las reglas de una constitución [pdf] diseñada por los militares que gobiernan Birmania desde 1988 para afianzar su poder y tratar de darle cierta pátina de legitimidad democrática a una de las dictaduras más brutales del mundo. Una dictadura que mantiene encarcelados en terribles condiciones a casi 2.200 prisioneros políticos, que somete con frecuencia a trabajos forzados a su propio pueblo, que emplea a niños soldados en sus guerras contra los insurgentes de sus minorías étnicas y que se ha enriquecido obscenamente sumiendo en la miseria más absoluta un país enormemente rico en recursos naturales.
La nueva constitución declara que los tres poderes del estado estarán separados “en la medida de lo posible”, reserva al comandante en jefe de las fuerzas armadas el derecho a nombrar a una cuarta parte de los diputados en el Parlamento y la potestad de declarar el “estado de emergencia” con plenos poderes cuando lo desee y prohíbe presentarse a las elecciones a cualquier persona que esté o haya estado casada con un extranjero (lo que excluye a la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, viuda de un ciudadano británico, Michael Aris). Además, prohíbe concurrir a las elecciones a partidos políticos que cuenten con presos entre sus miembros, y Aung San Suu Kyi lo llva estándolo 14 de los últimos veinte años, ahora condenada por violar su arresto porque un perturbado estadounidense veterano de la guerra de Vietnam entró en su casa para protegerla de un supuesto atentado que había visto en un sueño.
La carta magna actual sustituye a la promulgada en 1974 por el general Ne Win, el hombre que llevó a los militares al poder en 1962, una constitución que fue anulada en 1988 por la actual Junta militar que se hizo con el poder aquel mismo año. La Junta creó una convención nacional para redactar un borrador constitucional en 1993 y ésta no presentó sus propuestas hasta catorce años después. El SPDC sometió la nueva constitución a referéndum en mayo de 2008, en un país devastado por el ciclón Nargis, que había arrasado una gran parte del país tan sólo una semana antes dejando tras de sí más de 130.000 muertos. Según el gobierno birmano, acudieron a votar el 99 por ciento de los birmanos, de los cuales un 92,4 por ciento votaron “sí” a la nueva constitución.
La Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi ya ha anunciado que no se va a presentar a las elecciones, pues considera que la ley electoral es injusta y su participación no serviría más que para legitimar a los militares. El principal partido de la oposición obtuvo una aplastante victoria en las últimas elecciones democráticas celebradas en el país, en 1990, con un resultado que la Junta nunca ha reconocido y que ha anulado el pasado mes de marzo. El SPDC ha diseñado muchas de las nuevas leyes electorales para evitar que vuelva a suceder algo así.
El NLD se enfrentaba a una disyuntiva extremadamente difícil y su decisión no está exenta de polémica. Se han alzado algunas voces que sostienen que la posición del partido es perniciosa desde el punto de vista político y que debería adoptar una actitud más realista y posibilista. Según otros, el LND está asumiendo un riesgo enorme al boicotear las elecciones, ya que se juega el todo por el todo con el boicot, y si éste no tiene éxito, eso podría significar el fin del partido.
Una oposición debilitada
No es la primera vez que Aung San Suu Kyi y su partido son objeto de críticas, pese a la adeiración casi universal que suscitan entre activistas y ciudadanos de todo el mundo. Después de más de dos decenios de lucha por la democracia en Birmania, los logros del partido son más bien escasos. Es evidente que el culpable es un régimen especialmente brutal, aunque muchos han achacado a la oposición una falta de realismo y visión política muy perjudiciales y han puesto en duda la eficacia de su estrategia de lucha no violenta ante un enemigo tan despiadado.
El activista y analista birmano Aung Nain Oo, señalaba recientemente que el problema de la oposición birmana es la falta de una estrategia política definida y, sobre todo, de unidad entre sus miembros, algo en lo que coinciden muchos otros políticos y activistas. Justin Wintle, el autor de Perfect Hostage, la biografía más completa de Aung San Suu Kyi, afirma que aunque el coraje moral de Suu Kyi es digno de admiración y está fuera de toda duda, sus dotes como política son bastante limitadas y su inflexibilidad y dogmatismo en lo que respecta a cuestiones como las sanciones de la comunidad internacional han resultado hasta cierto punto perjudiciales.
Según la experta en política birmana Mary Callahan, la oposición al régimen birmano es débil, está profundamente dividida y carece de fuerza. Callahan distingue cuatro grandes sectores opositores:
1) La Liga Nacional para la Democracia, dentro del país. Según Callahan si funcionamiento interno es poco democrático y apenas tiene influencia entre la población birmana ni capacidad para movilizarla.
2) La sangha, o comunidad budista, que cuenta con una enorme fuerza moral entre la población pero que no tiene ningún programa político. De hecho fueron los monjes budistas quienes transformaron unas pequeñas protestas por la subida del precio del combustible en la célebre “revolución de Azafrán” de 2007, en la que salieron a las calles cientos de miles de birmanos.
3) Las numerosas organizaciones insurgentes de las minorías étnicas. Muchas de ellas firmaron acuerdos de alto el fuego con el gobierno central. Otras, como las de los shan o los kachin o la Unión Nacional Karen, controlan regiones enteras en semi-estados autónomos a lo largo de la frontera con Tailandia, estados enormemente precarios en perpetua guerra contra el tatamadaw (el ejército birmano). El gobierno ha propuesto a estos grupos integrarse en el ejército nacional como patrullas fronterizas, a lo que ellos se han negado. Algunos de ellos ya se están preparando para una nueva guerra.
4) Las organizaciones de oposición en el exilio. Quizá la cabeza más visible sea el Gobierno de la Coalición Nacional de la Unión de Birmania, parcialmente financiado por el National Endowment for Democracy de Estados Unidos (un organismo que muy a menudo se dedica más a defender el libre mercado que la democracia). Gracias a donaciones de ese tipo, muchos birmanos exiliados han podido cursar estudios universitarios y se han puesto en marcha medios de comunicación especializados en Birmania tan solventes como Irrawaddy, Mizzima News o Democratic Voice of Burma. Esos medios y organizaciones como Burma Campaign UK han logrado dar a conocer al gran público las terribles violaciones de los derechos humanos que comete el gobierno birmano. Sin embargo, su estrategia para combatir al régimen birmano parece limitarse a la petición de sanciones a la comunidad internaciones, una política que, como veremos la semana que viene, cuya efectiviodad es cuanto menos dudosa.
Con una oposición diezmada y desorientada, todo parece indicar que los miembros de la Junta militar birmana, aislada en Naypyidaw (“morada de reyes”), la nueva capital que el todopoderoso general Than Shwe hizo construir hace cuatro años en medio de la selva por razones que nadie sabe a ciencia cierta, no tienen ningún motivo para temer al futuro.
