Cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas solicitaron hoy la liberación inmediata e incondicional de la Nobel de la Paz birmana, Aung Suu Kyi, porque consideran que su arresto y el juicio al que acaba de ser sometida son totalmente ilegales.
Suu Kyi, líder de la Liga Nacional por la Democracia (LND), fue condenada ayer a tres años de cárcel conmutados por 18 meses de arresto domiciliario por un tribunal que la declaró culpable de quebrantar el arresto domiciliario que cumplía desde hacía casi 14 años.
La pena, conmutada por el jefe de la Junta Militar, el general Than Shwe, impide a la líder opositora participar en las elecciones legislativas que el régimen planea celebrar en 2010.
"Este fue un juicio sin ninguna base legal y organizado por el Gobierno de Birmania para excluir a Aung Suu Kyi de las elecciones del 2010", señala la declaración de los relatores distribuida hoy.
Los expertos señalaron que los cargos contra la líder política "violan la ley internacional sobre derechos humanos".
"La Corte no fue independiente, no hubo garantías judiciales, y los cargos no tenían substancia. Como hemos dicho varias veces, este juicio no debía haber ocurrido".
Los expertos, asimismo, cuestionaron las acusaciones iniciales de que Suu Kyi había dejado entrar en su casa ilegalmente a un ciudadano estadounidense.
"Si el estado asume la responsabilidad de prevenir el acceso a la casa de Suu Kyi, e incluso ha disciplinado y castigado a 20 agentes de seguridad en conexión con el incidente, como puede ser ella la culpable de una intrusión no deseada?", se preguntan los expertos de la ONU.
"Además de que realizar el juicio fue ilegal, estamos muy preocupados por el hecho de que se produjeron numerosas irregularidades", añadieron.
Los relatores señalaron que la militante sólo pudo hablar esporádicamente con sus abogados defensores, que sólo dos de los cinco testimonios de la defensa pudieron testificar, y que se prohibió a los periodistas hablar con los letrados defensores.
"La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a no ser detenida arbitrariamente, así como a tener un juicio justo, a la libertad de expresión y de asamblea. Nada de esto se ha cumplido con ella", concluyeron los expertos.
Los cuatro firmantes de la declaración son relator especial sobre Detenciones Arbitrarias, El Hadjic Malick Sow; el relator especial para la Promoción y la Protección de la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue; La relatora especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya; y el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Birmania, Tomás Ojea Quintana.
