Amnistía Internacional ha denunciado que la Junta Militar birmana obliga a los supervivientes del ciclón a abandonen los refugios de emergencia e impide que les llegue la ayuda humanitaria.
Madrid. La actuación de la Junta Militar birmana está agravando la precariedad de la situación en la que se encuentran decenas de miles de personas supervivientes del paso del ciclón 'Nargis' a primeros de mayo y aumenta el peligro de que mueran o sufran enfermedades o hambre, según denunció hoy Amnistía Internacional (AI).
En un comunicado, la ONG señaló que el Gobierno birmano está "redoblando sus esfuerzos por obligar a los supervivientes del ciclón a que abandonen los refugios de emergencia, y está impidiendo que les llegue la ayuda humanitaria".
Según AI, las autoridades han dirigido sus acciones contra escuelas y monasterios, ya que ambos lugares se utilizaron como colegios electorales para el referéndum constitucional de mayo aplazado en las zonas devastadas por el 'Nargis', pero "la mayoría de los supervivientes que se han desplazado no pueden regresar a sus lugares de origen, ya que grandes áreas del delta del Irrawaddy, la más azotada por el ciclón, permanecen en gran parte inhabitables".
"Tras sobrevivir a la furia del ciclón, miles de personas sufren ahora a manos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo" -nombre completo del Gobierno birmano-, manifestó Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Birmania.
La organización ha confirmado más de 30 casos y relatos de personas que han sido obligadas a abandonar sus refugios de emergencia en monasterios, escuelas y otros lugares. En las últimas dos semanas, la campaña de reasentamiento se ha vuelto "más sistemática y generalizada", aseguró.
En este sentido, explicó que de los 45 campos que existían en Pyapon, el 28 de mayo sólo quedaban tres. En Rangún, el 23 de mayo, las autoridades expulsaron a más de 3.000 supervivientes del ciclón de un campo oficial en Shwebaukan, y de un campo no oficial en la Escuela Secundaria Estatal número 2, en el municipio de Dala.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por AI, en la que se incluyen relatos de testigos presenciales y entrevistas con personas que poseen información de primera mano sobre las zonas afectadas por el ciclón, hay una necesidad "urgente" de que tanto la Junta Militar como los donantes internacionales, en la respuesta al desastre, utilicen como salvaguardias las normas de Derechos Humanos.
Asimismo, la ONG mostró su preocupación por el acceso a la ayuda humanitaria. El 16 de mayo, la Junta, en su boletín publicado en el diario estatal 'New Light of Myanmar', se comprometió a "investigar los casos (de apropiación indebida de la ayuda humanitaria) para descubrir a los infractores y emprender contra ellos acciones punitivas conforme a la ley".
Así, AI manifestó su satisfacción por esas medidas, e instó al Gobierno birmano "a vigilar estrechamente la distribución de ayuda humanitaria por parte de sus funcionarios y a investigar todas las denuncias de robo, abuso de poder u otra desviación de la ayuda".
"Dado el largo historial de abusos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, las agencias humanitarias deben estar especialmente alerta ante la posibilidad de que intente desviar u obstaculizar la ayuda", señaló Zawacki, que se encuentra en la región desde hace un mes para recopilar información de las áreas afectadas.
Entre los abusos que menciona AI se encuentran también la confiscación y el uso indebido de la ayuda humanitaria. La ONG asegura haber recibido más de 40 informes o testimonios sobre cómo las autoridades confiscaron, desviaron o retuvieron la ayuda humanitaria en lugar de entregársela a los supervivientes del ciclón.
"Pese a las declaraciones de altos dirigentes del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo contra esa conducta, los funcionarios locales pueden actuar impunemente", sentencia Amnistía
