(Para Radio Nederland)
La visita del Secretario General del ONU, Ban Ki Moon a Myanmar, más de dos semanas después de la tragedia provocada por el ciclón Nargis, y en un clima de grandes dificultades para el despliegue de la ayuda humanitaria, nos vuelve a recordar las enormes limitaciones de eso que hemos dado en llamar “comunidad internacional” y la necesidad de abordar algunas reformas. El propio desarrollo de la posterior Conferencia de donantes deja un sabor ambivalente ya que los compromisos de los donantes son escasos. Es evidente la actuación obstruccionista hasta ahora del régimen militar birmano y su complicidad en los efectos del desastre. Y por ello deberá rendir cuentas. Pero no es menos cierto que algunos países quieren autoproclamarse abanderados de una moralidad humanitaria que dista mucho de corresponderse con su actuar exterior. Los casos de Francia y Estados Unidos, a favor de la intervención por motivos humanitarios mediante el envío de barcos, por supuesto militares, es una buena muestra de ello. La resolución del Parlamento Europeo de la semana pasada, que incluye amenazas al régimen birmano de ser juzgado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, aunque más matizada que las posiciones francesa o estadounidense, tampoco parece que vaya en la línea de lo que, supuestamente quiere conseguir: la atención a las víctimas.
Si se confirman las promesas del régimen birmano sobre el levantamiento del bloqueo a la entrada de cooperantes extranjeros por parte de la Junta militar, sería un éxito del Secretario General de la ONU y de su diplomacia callada, frente a las gesticulaciones y brindis al sol de otros.
Razones para una cierta desconfianza en la “injerencia humanitaria”.
Encienda el ordenador. Abra el navegador. Entre en la página de Youtube. Escriba: “Sarkozy Ruanda” en el buscador. Abra el segundo de los videos que salen en pantalla. Siéntese y disfrute. En los escasos 23 segundos que dura el video, un jovencísimo Nicolas Sarkozy, actuando como Ministro portavoz del gobierno francés en 1994, justifica, por el honor de Francia y por razones humanitarias –évidemment-, la Operación Turquesa que su país realizó en Ruanda los últimos días del genocidio que arrasó aquel país; una operación que ha pasado a los anales de la historia como una vergüenza, ya que contribuyó a que abandonaran el país muchos de los genocidas implicados en las masacres, y a destruir las pruebas sobre el conocimiento, cuando no la colaboración cómplice, de Francia en aquella situación. Han pasado catorce años desde aquella grabación y sigue sorprendiendo la frialdad y el cinismo del joven político justificando, por tan elevados motivos, una intervención militar que poco tenía de humanitaria y que distaba mucho de ser llevada a cabo con el objetivo de proteger a las víctimas (como se ha demostrado en el propio Parlamento francés y en otras instancias más tarde).
No apague el ordenador. Abra el buscador Google. Escriba: “Kouchner Total Myanmar”. Lea cualquiera de los documentos resultantes. En el año 2003, el ahora Ministro de Asuntos Exteriores Francés realizó, pagado por la empresa petrolera Total un informe sobre sus actividades en el país en unos momentos en los que la multinacional francesa había sido acusada por organizaciones de derechos humanos, de emplear trabajadores en condiciones de semiesclavitud, aprovechando sus relaciones con el gobierno militar birmano. El informe, un prodigio de egolatría y con un enfoque basado en las percepciones del ahora ministro en un breve viaje, exculpa, por supuesto, a la empresa francesa y llega a decir que las ONG de derechos humanos han elegido criticar a Myanmar porque es más fácil que hacerlo con China. En otras partes del informe, Kouchner defiende la inversión francesa en el país por los efectos positivos que en materia de derechos humanos pueda tener. Pues bien, este mismo personaje pontifica estas semanas a favor de la injerencia en Myanmar y publicaba en Le Monde la semana pasada un artículo llamando a una “moral de extrema urgencia” a favor de las víctimas de desastre (volviendo a citar como modelo de ese compromiso moral, la Operación Turquesa).
Resulta sorprendente, por tanto, la facilidad con la que algunos echan mano de un supuesto derecho de injerencia, cuando la comunidad internacional debe enfrentarse a situaciones de violencia generalizada en ciertos países, o a desastres naturales de gran magnitud como el que el ciclón Nargis, junto con la incompetencia, manipulación y negligencia de las autoridades militares ha asolado Myanmar.
Myanmar y la “Responsabilidad de proteger”
La aprobación en la Asamblea General de la ONU del llamado principio de responsabilidad de proteger en el año 2005 fue, sin duda, un hito en las posiciones del organismo multilateral en la protección de los civiles en situaciones de violencia. La inclusión de este principio en la resolución final suponía, aunque de forma muy matizada y descafeinada, un avance frente a las clásicas posiciones del organismo basadas en el sacrosanto principio de soberanía estatal. Sin embargo, también suponía una limitación para los que arropándose en un dudoso derecho de injerencia basado en pretendidas razones humanitarias, habían intervenido militarmente de modo arbitrario y con claros dobles raseros en algunas crisis. En la redacción de este principio no se incluían los desastres naturales, y ahora, tras la tragedia de Myanmar, vemos claramente que será necesario un mayor desarrollo en este tema. La soberanía estatal debe tener límites cuando se trata de protección humana, y el caso birmano, con toda su crudeza, es una buena muestra de ello. Sin embargo, y contrariamente a lo que hacen ver algunas naciones, es la ONU quien debe encargarse de que esos límites no se sobrepasen.
