Las declaraciones del Gobierno birmano a través del periódico oficialista 'La Nueva Luz de Myanmar' se producen un día después de la excarcelación de 15 miembros de la oposición, detenidos el pasado mes por exigir en una manifestación la liberación de Suu Kyi.
La prolongación del arresto domiciliario provocó las críticas de la comunidad internacional y de asociaciones independientes de abogados, quienes aducen que el arresto domiciliario sólo puede mantenerse durante cinco años.
Sin embargo, los generales argumentan que las detenciones por más de seis años son legales bajo la 'Ley para la salvaguarda del Estado de Peligros y Elementos Subversivos' de 1975.
Las autoridades birmanas decidieron el pasado 27 de mayo prorrogar el período de detención de Suu Kyi, líder de la Liga Nacional por la Democracia (LND) y quien ha pasado más de 12 de los últimos 18 años detenida en su vivienda de Rangún.
El abogado de la líder opositora, Jared Genser, señaló en su día que 'la ampliación del arresto de Aung San Suu Kyi por parte de la Junta Militar birmana supone una violación de sus propias leyes, lo cual no sorprende a estas alturas' y agregó que 'el fuerte de los generales no es el apego al Estado de Derecho'.
Los 15 opositores liberados, miembros del LND, marchaban el mismo 27 de mayo desde la sede del partido hacia el hogar de Suu Kyi cuando fueron apresados por la Policía.
El Gobierno birmano también ha sido censurado por los países democráticos a causa de su lenta respuesta al desastre causado por el ciclón 'Nargis', que causó más de 134.000 muertos y desaparecidos y 2,4 millones de damnificados los pasados 2 y 3 de mayo a su paso por el sur del país.
La Junta Militar, que ha emprendido una hoja de ruta para la democratización de la nación sin el apoyo de la oposición ni de las minorías étnicas, gobierna en Birmania desde 1962.