Varios hombres de negocios con estrechos lazos con la Junta Militar birmana están siendo los primeros grandes afectados por las sanciones económicas de Estados Unidos, informó hoy la publicación disidente 'The Irrawaddy'.
Uno de ellos es Tun Myint Naing, también conocido como Stephen Law, uno de los empresarios más ricos del país y sospechoso de narcotráfico en Birmania, el segundo mayor productor mundial de heroína, después de Afganistán.
Law, que controla directamente o a través de familiares 14 compañías con sede en Birmania o Singapur, no podrá realizar a partir de ahora ninguna transacción con bancos estadounidenses, después de que su nombre fuera incluido el lunes en la 'lista negra' de Washington.
'Hasta que la Junta Militar no ponga fin a la violenta represión de su pueblo, continuaremos persiguiendo a quienes como Stephen Law la sustentan y se benefician mediante la corrupción de ese apoyo', señaló un comunicado del Departamento de Estado estadounidense.
El conglomerado Asia World, propiedad del citado empresario, lleva a cabo un proyecto de extracción de petróleo y gas natural en el oeste del país con la petrolera china CNOOC, patrocinadora oficial de los Juegos Olímpicos de Pekín.
Casi veinte altos funcionarios birmanos y hombres de negocios afines al régimen han sido añadidos en los últimos meses a la relación de sospechosos del Departamento de Estado, que ha congelado sus cuentas en EEUU y les impide tratar con las instituciones financieras estadounidenses.
Quien lleva años en la 'lista negra' es Tay Za, el hombre de negocios más próspero del país, con intereses en constructoras, inmobiliarias y mineras y amigo personal del jefe de la Junta Militar, general Than Shwe.
Tay Za es dueño, entre otras empresas, de la aerolínea Air Bagan, que emplean la mujer y las hijas de Than Shwe y otros altos cargos del régimen para viajar de compras a Bangkok y Singapur.
Las sanciones económicas de Estados Unidos fueron reforzadas tras la represión de las manifestaciones a favor de la democracia del pasado septiembre, que dejó 15 muertos, según el régimen, aunque Naciones Unidas eleva la cifra a 31 muertos y la disidencia calcula más de 200 víctimas mortales y cerca de 6.000 detenidos.
