Esa lucha buscará ampliar la denuncia y la colaboración de las víctimas para detener a sus proxenetas. La directiva europea de 2004 otorgaba a las víctimas el permiso de residencia si colaboraban, lo que favorecía de no hacerlo la exclusión social, que se les tratara como inmigrantes delincuentes y que las mafias vieran desviada su responsabilidad en el tráfico sexual.
El nuevo plan no expulsa a las que no lo hagan de inmediato, sino que deja un plazo de 30 días para denunciar.
Los proxenetas producen un flujo constante de niños y mujeres a nivel mundial. Alrededor del 90% de las prostitutas en España son extranjeras, la mayoría víctima del tráfico sexual. Como en España, la región de procedencia en muchos casos es el África Negra, seguido de Latinoamérica y Europa del Este. Zonas todas ellas caracterizados por la inestabilidad política y económica.
En las regiones fronterizas de Tailandia, Burma y Camboya, los reclutadores compran a los niños para prostituirlos en burdeles abiertos a los turistas sexuales internacionales. No son los únicos. En Brasil, Venezuela y Colombia, los raptos de chicas en las calles hacen presagiar su futuro. Pero, comparadas con el tráfico de drogas y armas, las penas previstas para el tráfico de personas son muchas veces inferiores.
El tráfico organizado actúa como una trasnacional. Los organismos internacionales que luchan contra estos crímenes necesitan las estructuras legislativas nacionales, la armonización de las legislaciones regionales y la concienciación al respecto. Los traficantes prometen una oportunidad en el país de destino. Una vez allí, aprovechan la situación de clandestinidad de sus víctimas para ejercer el tráfico con ellas.
El tráfico es explotación de la inmigración. Las políticas restrictivas a menudo dañan a los inmigrantes más vulnerables. La inmigración discriminatoria favorece a las redes mediante la fuerte restricción de los canales legales. Los controles fronterizos estrictos tienen poco efecto en los traficantes. Las redes son los principales actores internacionales en facilitar el acceso a los países de destino. Los traficantes de mujeres se incluyen, en muchas ocasiones, en dichas redes ilegales de inmigración. Esos mismos autodenominados como “protectores” les introducen en las redes globales de tráfico sexual.
Pese a las diferentes reformas legislativas nacionales, la Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y de la Prostitución Ajena, con más de 50 años de existencia, sigue sin llevarse totalmente a la práctica. Muchas mujeres son separadas de la sociedad para ser utilizadas como mercancías sexuales. La realidad asusta tanto que, en lugar de cambiar todo aquello que lo provoca, las fronteras se cierran con mayor brusquedad. Es un acontecer ajeno, lejano a causa de la actitud de quien lo observa. Las prostitutas inmigrantes son consideradas como una casta inferior, han sido relegadas a un segundo plano. Las mismas sociedades que se compadecen de su situación, han vulnerado sistemáticamente sus pocos derechos. La exclusión social esconde ese miedo por la realidad desconocida.
Frente a ello, los traficantes dominan el terreno, son expertos en la globalización de los vacíos legales en los países de destino. La trata de mujeres responde a la regla mercantil de oferta y demanda. Los proxenetas, amparados por la ausencia de papeles de sus víctimas, cubren la oferta. Pero, ¿qué hay de la demanda? Los mismos Estados que proponen el “decomiso exprés” de los traficantes, las mismas sociedades que denuncian dichas redes, agudizan el proceso de “cosificación” de seres humanos. La solución de un problema empieza en su reconocimiento. Lejos de ofrecer remedio, la exclusión social de las víctimas del tráfico sexual recuerda todo el trabajo que queda por hacer.
