"Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su preocupación por el impacto político de los recientes acontecimientos relacionados con Daw Aung San Suu Kyi", según en una declaración de los quince miembros del máximo órgano de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, reafirmaron su llamado a la Junta Militar birmana para que libere a todos los prisioneros políticos y la necesidad de que el régimen "cree las condiciones necesarias para llevar a cabo un diálogo genuino", con la oposición y los diferentes grupos étnicos que conforman este país asiático.
El texto fue acordado tras varios días de intensas negociaciones en el seno del Consejo de Seguridad, en las que se superaron las objeciones de China reduciendo la intensidad de la crítica a la actuación de su aliado.
"Creo que es muy importante que el Consejo se haya puesto de acuerdo para emitir esta declaración", valoró la embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Rosemary DiCarlo, a la salida de la reunión del órgano.
Destacó que con este texto el Consejo suma su voz a las declaraciones en el mismo sentido de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y las del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, entre otros.
Por su parte, el embajador británico, John Sawers, aseguró que el arresto y proceso judicial de la líder de la oposición democrática "ha vuelto a poner de relieve la actitud inhumana del régimen hacia Aung San Suu Kyi y su negativa a seguir la recomendación de sus vecinos y del Consejo de que entable un proceso genuino de reconciliación nacional".
"Es inconcebible que el juicio y encarcelamiento de Aung San Suu Kyi pueda facilitar el proceso de reconciliación, ya que es la líder opositora más prominente y encabeza el partido que ganó las únicas elecciones creíbles que se recuerden en Myanmar", apuntó.
Las autoridades ingresaron la semana pasada a Suu Kyi en el presidio de Insein, a las afueras de Rangún, acusada de incumplir los términos de su arresto domiciliario por supuestamente permitir a principios de mayo la entrada en su casa a un intruso.
De ser declarada culpable, la Premio Nobel de la Paz puede ser condenada a una pena de hasta cinco años de privación de libertad, lo cual le impediría concurrir a las elecciones parlamentarias que la Junta Militar organiza para 2010.
La detención y posterior juicio de la opositora de 63 años sucedía antes de que venciese, el próximo 27 de mayo, el periodo de confinamiento que cumple desde 2003.
Gobiernos de todo el mundo y organizaciones internacionales condenaron el proceso y pidieron la puesta en libertad inmediata de la activista.
