La explotación de gas y de petróleo es causa de la destrucción de los bosques y de violación de los derechos humanos en muchos países y en especial en Birmania. La construcción del gasoducto de Yadana -que conecta campos de explotación de gas del país con Tailandia- constituye uno de los puntos candentes en relación con la conservación de la naturaleza y los derechos humanos en esa nación.
La presencia de empresas extranjeras en Birmania -entre las cuales las petroleras- está vinculada a la dictadura militar que ha gobernado el país desde 1962, enfrentando la voluntad de la gran mayoría de la población e imponiendo un régimen caracterizado por la represión, la violación de los derechos humanos, el desconocimiento de los derechos de las minorías étnicas y -a partir de 1989- la apertura del país a las empresas madereras extranjeras.
En 1999 una misión independiente estudió la implicancia de las autoridades francesas en favor de las inversiones de la empresa de ese país Total en el gasoducto de Yadana. Esta larga historia empezó en 1988 cuando el Gobierno -conocido como SLORC (Consejo de Restauración de la Ley y el Orden del Estado)- lanzó un llamado a licitación para el desarrollo de los campos de producción de gas natural en el país.
En julio de 1992, Total firmó un contrato de producción conjunta con la empresa estatal MOGE (Myanmar Oil and Gas Enterprise) para explotar y desarrollar el campo de Yadana en el Golfo de Martian, cuyas reservas de gas están estimadas en unos 140.000 millones de metros cúbicos. Total vendió parte de las acciones del proyecto a varios socios y actualmente el consorcio incluye a la compañía estadounidense Unocal (28,6% de las acciones), la empresa tailandesa PTT EP (Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production, 25.5%), MOGE (15%) y Total (31,24%). Para transportar el gas a Tailandia deberá construirse un ducto de 63 kilómetros a través de la región de Tenasserim. Una coalición de numerosas ONGs de ese país se oponen al proyecto y cuestionan el papel de PTT en el mismo. El gasoducto de Yadana, evaluado actualmente en 1.200 millones de dólares,
Aunque Total niega estar apoyando a la Junta militar o incluso estar interviniendo en asuntos políticos internos, los opositores al proyecto sostienen que la empresa está fuertemente vinculada con los militares y les suministra información clave sobre las actividades de los rebeldes Karens y Mons que operan en la región de Tennasserim, promoviendo así directamente la presencia militar en el área. En verdad la realización del proyecto, en tanto garantiza futuros ingresos, ha permitido al Gobierno de Birmania obtener préstamos y comprar armamento en condiciones de pago diferido.
El Observatoire Géopolitique des Drogues (Observatorio Geopolítico de Drogas) considera que el proyecto Yadana está siendo utilizado para el lavado de dinero del narcotráfico. Total ha reconocido que pagó 15 millones de dólares por el contrato y se sospecha que esa suma ingresó en el circuito financiero para ocultar comercialización de droga. Por otra parte, la misión independiente que trabajó en 1999 comprobó que, por razones éticas, ninguna de las ONGs presentes en el país -tales como "Médecins du Monde" o "Action contre la Faim"- quieren participar en esta operación, a pesar de los elevados niveles de financiamiento propuestos por la compañía.
Es claro que el Gobierno de Francia ha dado su respaldo a Total, a pesar de la oposición que dice manifestar frente al régimen militar. De hecho, el riesgo asumido por Total por operar en Birmania fue cubierto en 1994 por la Compañía Francesa de Seguros en Negocios en el Exterior (COFACE). De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, la posición de este país no es contradictoria, dado que la construcción del gasoducto habrá de contribuir al "desarrollo" de la región. Pero esto es contradecido por la propia realidad.
La instalación de Total y Unocal en Birmania ha sido monitoreada por ONGs nacionales e internacionales. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) considera que Total apoya a la dictadura y que la construcción del controvertido gasoducto ha contribuido a agravar la situación en las zonas por donde pasa. Los Mons, Karens, Tavoyan y Tai, que viven en el área del proyecto, están sufriendo las consecuencias: las promesas de "desarrollo" se han esfumado y lo único que el proyecto ha traído consigo es sangre y lágrimas.
Desde que las obras comenzaron, el Gobierno puso a uno de los comandantes de la región de la costa a cargo de la seguridad de la zona, lo que llevó a desplazamientos forzados y a otro tipo de violaciones de los derechos humanos. Se destinaron cuatro batallones para mantener la seguridad interna y veinte fueron movilizados para combatir a los Karens rebeldes. La población de más de 13 aldeas de los Mons y Karens fue desplazada, lo que significa que más de 3.000 familias fueron forzadas a abandonar sus hogares. Durante su visita a Tailandia la misión independiente procuró visitar los campos de refugiados donde viven las personas desplazadas de la vecina Birmania, pero las autoridades tailandesas no se lo permitieron, dado que la frontera se encuentra bajo jurisdicción de los militares de ese país quienes, por lo visto, están tratando de actuar amigablemente con sus colegas de Birmania.
Incluso hay evidencias de que se está utilizando trabajo forzado para la construcción del gasoducto. Esto último no ha sido plenamente comprobado; sin embargo hay testimonios de que campesinos están siendo reclutados por el ejército con este fin, situación de la que no pueden escapar. El Informe Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Birmania en 1998 registró el trabajo forzado de hombres, mujeres e incluso niños en varias partes del país. Un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo en agosto de 1998 enfatiza el uso generalizado y sistemático de trabajo forzado por parte de las autoridades de Birmania. Año tras año, un informe especial del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comprueba los mismos hechos.
