La Junta Militar que gobierna Birmania (Myanmar) permitirá la entrada de periodistas mañana a la vista del juicio que se celebra contra la jefa de la oposición y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, en el presidio de Insein, en las afueras de Rangún, informó hoy una radio de la disidencia.
Las autoridades de ese país gobernado por generales desde 1962 dejarán que 20 profesionales de medios de información nacionales y extranjeros entren en la sala que presiden jueces militares, aunque no han explicado la forma de selección.
Las sesiones de este juicio comenzaron el 18 de mayo a puerta cerrada, salvo el 20, cuando por primera y única vez se autorizó la presencia de diplomáticos y periodistas, estos últimos elegidos por sorteo los extranjeros y a dedo los nacionales, ya que todos los medios de comunicación de Birmania están controlados por el Estado.
Suu Kyi, de 63 años, está acusada de violar los términos del arresto domiciliario que cumplía desde 2003, y que vencía este 27 de mayo, debido al intruso que se coló y pasó al menos una noche en su casa de Rangún.
El delito que le imputan, y del que se ha declarado inocente, se castiga con una pena de entre tres y cinco años de cárcel.
La reanudación del juicio hoy, desde que se levantó la vista el jueves pasado, volvió a contar con una protesta pacífica y callada en el exterior de la penitenciaría de Insein protagonizada por miembros de la Liga Nacional por la Democracia (LND), la formación política de Suu Kyi y la única que resiste la presión del régimen.
Un fallo condenatorio impedirá que Suu Kyi pueda concurrir a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en 2010.
La última vez que la Junta Militar convocó elecciones fue hace 19 años y perdió estrepitosamente ante la LND, que sacó más del 82 por ciento de los votos emitidos, aunque concurrió sin Suu Kyi porque cumplía su primer arresto domiciliario por desafiar a los generales, una pena que ha sufrido más de 13 años desde entonces.
Gobiernos de todo el mundo han pedido la liberación inmediata de Suu Kyi y de todos los presos políticos (casi 2.200) del país.
