Un anuncio publicado hoy en el diario oficial 'New Light of Myanmar', que el Gobierno emplea para difundir sus mensajes, afirmó que 'se tomarán acciones legales contra aquellos que se apropien, vendan, compren o hagan un uso ilícito de la asistencia'.
Ante la indiferencia de la Junta Militar, soldados birmanos han sido acusados por varias ONG's de estar confiscando en sus puestos de control la ayuda destinada a las víctimas, y testigos en Rangún han relatado cómo parte del material de emergencia se vende en mercados de la antigua capital.
La organización Human Rights Watch asegura que convoyes del Ejército han decomisado cargamentos enteros de galletas energéticas donadas por la comunidad internacional.
Sin embargo, el Gobierno insiste en que siempre ha repartido el material a los afectados de forma 'inmediata y directa', según el periódico.
Las agencias humanitarias, frustradas por el veto de la Junta Militar a los cooperantes extranjeros, sostienen que sólo unas 270.000 personas han tenido acceso hasta ahora a la ayuda donada por la comunidad internacional.
El Gobierno birmano insiste en repartir a su criterio y a través de sus propios funcionarios el material de emergencia, de lo que recelan las ONG's.
Las autoridades reconocen por el momento más de 43.000 muertos por el ciclón, aunque la Federación Internacional de la Cruz Roja calcula entre 68.833 y 127.990 los fallecidos, y Naciones Unidas también habla de más de cien mil víctimas mortales y de 1,6 a 2,5 millones de damnificados.
Mediante su poderoso aparato de propaganda, el régimen oculta a la población la auténtica magnitud del desastre y no deja de divulgar imágenes del jefe de la Junta Militar, Than Shwe, y otros generales, dando ayuda a los damnificados.
Sin embargo, no muestra ni menciona los miles de cadáveres que todavía flotan en el agua putrefacta del delta del río Irrawaddy, la zona más devastada.
